Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) repudiamos enérgicamente la designación de Carlos Rosenkrantz como próximo Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entendemos que este juez es parte del esquema político y judicial del Presidente Mauricio Macri y las facciones del poder real que representa y para el que define sus políticas de destrucción del Estado y del entramado social. Así, los principios republicanos de independencia de Poderes quedarán gravemente dañados, virando hacia un alineamiento total del máximo órgano del Poder Judicial a las decisiones de la Casa Rosada.

Esta afinidad quedó demostrada en el momento en que el Presidente decidió nombrar a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti mediante un decreto de necesidad y urgencia (Nº 83/15), en busca de evitar los canales institucionales correspondientes (enviar pliegos al Senado para la presentación de avales e impugnaciones), procedimiento que debió ser cumplimentado ante la gran cantidad de reclamos y cuestionamientos que significó aquella decisión.

Rosenkrantz ha dado claras muestras de su postura regresiva en materia de Derechos Humanos y los procesos de juzgamiento a genocidas por delitos de Lesa Humanidad, cuestionando los fallos “Simón” y “Mazzeo”, que fueron fundamentales para la declaración de la inconstitucionalidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, legislación que garantizaban la impunidad de aquellos genocidas que cometieron crímenes durante la última dictadura cívico-militar.

Asimismo, fue el juez que, recién llegado e integrado al máximo tribunal de la Nación, impulsó la aplicación del cómputo de penas 2×1 en favor de Luis Muiña, genocida condenado por delitos de Lesa Humanidad durante la última dictadura cívico-militar, pretendiendo fijar así un precedente para todos los genocidas con condena. Ese fallo fue firmado por Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco.

Cabe destacar que la Ley 24.390, vigente durante los años 1994 a 2001, no es aplicable porque no estuvo vigente al momento de los hechos ni al momento de su juzgamiento y, además, es incompatible con las obligaciones asumidas por el Estado en materia de investigación y juzgamiento de crímenes de Lesa Humanidad.

Las multitudinarias movilizaciones que se dieron en todo el país e incluso en otros lugares del mundo, convocadas por los organismos de derechos humanos, a las que se sumaron organizaciones políticas, sociales, sindicales y de manera espontánea gran parte de la sociedad, le pusieron un freno inmediato al intento de impunidad de la Corte, generando también un pronunciamiento del Congreso de la Nación en este sentido.

Por eso, convocamos a todos los sectores a mantenernos en estado de alerta y movilización, ya que con esta maniobra se profundiza la subordinación del Poder Judicial como herramienta del Poder Ejecutivo, poniendo en riesgo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, y buscando la continuidad de la persecución judicial y encarcelamiento de opositores a ese modelo político, económico, cultural y social.

Red Nacional de H.I.J.O.S.
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio