En 2006, la ley 26.160 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan ancestralmente las comunidades indígenas del país. La ley ordenó, además, la suspensión de desalojos o desocupación de esas tierras y que se realice un relevamiento técnico y jurídico catastral sobre el dominio de ellas.


Según datos oficiales del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a agosto de este año, en el país hay aproximadamente 1760 comunidades indígenas, de las cuales 1015 no cuentan con el relevamiento territorial concluido.

La ley 26.160 vino a dar respuesta a una deuda histórica del Estado argentino con los pueblos originarios que lo preexiste y a cumplir con obligaciones asumidas por el Estado ante organismos internacionales de derechos humanos y en su misma Constitución Nacional. Esta ley es una herramienta de solución de conflictos en el marco de la democracia y Estado de Derecho, frente a la criminalización de las comunidades indígenas que defienden sus derechos, por eso es importante mantener su vigencia.

El 23 de noviembre próximo vence su tercera prórroga. De no prorrogarse nuevamente, la situación de los pueblos originarios respecto a sus territorios se va a agravar. Por dos motivos principales: no contarían con una garantía legal que prohíba expulsarlos de sus territorios. Y las comunidades sin relevamiento tendrían mayores obstáculos para avanzar hacia la efectivización de su derecho a la propiedad comunitaria indígena.

Mientras no exista una ley de propiedad comunitaria indígena, la única protección para las comunidades es la ley 26.160. Por eso, esperamos que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de prórroga enviado por la Cámara de Senadores.

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