A más de tres meses de realizada la reunión de diputados y diputadas de LLA con genocidas en la cárcel de Ezeiza, hemos reiterado al Congreso de la Nación la necesidad de dar respuesta ante un hecho gravísimo sin precedentes. Hoy hemos enviado la siguiente nota a la Presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, Silvia Lospennato, a fin de seguir reclamando que se tomen medidas ante un hecho que cuenta ya con el amplio repudio de nuestra sociedad, pero que continúa sin respuesta por parte de uno de los poderes del Estado al que pertenecen sus responsables.
Ciudad de Buenos Aires, 15 de octubre de 2024
Sra. Presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento
de la Cámara de Diputados de la Nación
Lic. Silvia Lospennato
Cc: Sra. Vicepresidenta 1°, Paula Andrea Penacca
S / D
Los organismos de derechos humanos abajo firmantes, en nuestra lucha por la defensa irrestricta de la Memoria, la Verdad y la Justicia, nos dirigimos a Ud. a fin de solicitar que en la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento convocada para el miércoles 16 de octubre del corriente se dé tratamiento prioritario a la cuestión de la reunión realizada en ocasión de la visita de diputadas y diputados de La Libertad Avanza a personas que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, realizada el pasado 11 de julio. Asimismo, reiteramos nuestra solicitud para que se nos habilite participar en la reunión durante el tratamiento de la cuestión, atento nuestro indudable interés en su resolución.
A más de tres meses de los hechos, las mencionadas comisiones no han emitido dictamen, por lo que la Cámara de Diputados de la Nación aún no ha dado una respuesta institucional al conjunto de la sociedad, ante este hecho sin antecedentes en más de 40 años de democracia.
Recordamos que, junto con el hecho de la visita, se conoció una publicación de un mensaje adjudicado al diputado Beltrán Benedit, que habría sido enviado a través de la aplicación Whatsapp a un grupo del bloque de La Libertad Avanza. En dicho mensaje se alude a los perpetradores condenados como “ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista” y se califica la visita realizada como humanitaria. Las declaraciones allí vertidas constituyen una lisa y llana reivindicación del terrorismo de Estado y un inaceptable agravio a sus víctimas y familiares, por lo que hemos solicitado se investigue si son de autoría del diputado mencionado y que, en caso de serlo, se apliquen las sanciones correspondientes.
La visita, que según trascendió fue facilitada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, y se realizó en infracción de los reglamentos carcelarios vigentes, es parte de un plan de impunidad más amplio, en el que participaron legisladores de La Libertad Avanza, personas condenadas por delitos de lesa humanidad, el ex
magistrado Eduardo Riggi, una jueza de la Nación, un sacerdote y abogadas y abogados.
Entre las estrategias discutidas en este grupo, se hicieron públicos proyectos opuestos al principio de no prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad al que está comprometido el Estado argentino. Entre ellos, circularon dos proyectos de decreto presidencial con el mismo objeto de reglamentar la garantía del juzgamiento en un plazo razonable. Uno de ellos fija en veinticinco años el plazo máximo que tendría el Estado para arribar a una sentencia definitiva en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada a una persona, sin distinciones para casos de lesa humanidad. El plazo de acuerdo a ese proyecto es desde la fecha de comisión del ilícito. El otro, con diferente redacción, establece el mismo plazo. En forma complementaria, hay un proyecto presentado que introduce modificaciones legales a la regulación del arresto o prisión domiciliaria y la prisión preventiva. Este proyecto establece la detención domiciliaria automática para mayores de setenta años, sin considerar los riesgos procesales que podrían conllevar las investigaciones sobre delitos continuados como las desapariciones forzadas.
De acuerdo con la información que se ha hecho pública, el diputado Beltrán Benedit y la diputada Alida Ferreyra se habían comprometido a hacerle llegar estos proyectos al Presidente de la Nación. La gravedad institucional de estos hechos requiere que la Cámara de Diputados se expida sin más demora a fin de esclarecer el hecho, determinar las responsabilidades y emitir un mensaje claro de la Cámara respecto de esta reunión, de modo de arbitrar las medidas necesarias para que hechos como estos no se repitan.
Pasaron más de dos meses desde que la comisión que Ud. preside se abocó al tratamiento del tema. En este marco, las y los diputados que presentaron proyectos de dictamen han tenido la oportunidad de exponerlos, los organismos de derechos humanos hemos expresado nuestra posición en relación al tema y las y los diputados implicados han formulado sus descargos por escrito. De acuerdo con la hoja de ruta consensuada por las y los diputados que integran las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, sólo resta emitir un dictamen que sea puesto a consideración de la Cámara. En este sentido, en la última reunión de las comisiones, celebrada el 17 de septiembre, Ud. manifestó que esperaba que se pudiera emitir un dictamen a la semana siguiente. Sin embargo, a casi un mes de esto, no se ha vuelto a tratar el tema, y al convocarse a una nueva reunión de ambas comisiones no se lo ha incluido en el orden del día.
Si, como Ud. sostuvo, ya se encuentran reunidos todos los elementos necesarios para que las comisiones produzcan un dictamen, no comprendemos la razón de estas dilaciones. Si quienes integran el Poder Legislativo, elegidos por mandato popular, incurren en conductas contrarias a lo que establecen nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, es fundamental que en su ámbito de desempeño se produzca una respuesta acorde en un tiempo razonable. El plan de impunidad del que son parte las y los diputados aquí cuestionados, junto con otros agentes públicos, colisiona con las obligaciones del Estado que imponen la investigación, juzgamiento y sanción de responsables de crímenes de lesa humanidad y la reparación integral de sus víctimas.
La gravedad de la situación demanda que las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento se expidan sin más demoras, a fin de que las y los miembros de esta Cámara tomen una decisión.
Finalmente, en el país del Nunca Más, consideramos fundamental que los poderes del Estado sean categóricos en su compromiso con la Memoria, la Verdad y Justicia porque mientras este plan de impunidad sucede, siguen sin aparecer los nietos y nietas que buscamos con las Abuelas y los miles de cuerpos de las y los desaparecidos.
Sin otro particular, saludamos atentamente
Abuelas de Plaza de Mayo
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S. Capital
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza
Asociación Buena Memoria
Centro de Estudios Legales y Sociales
Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte
Liga Argentina por los Derechos Humanos
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
