En el contexto del gobierno nacional de Milei y Villarruel, que oscila entre el negacionismo del terrorismo de Estado y la apología de sus crímenes, los defensores de detenidos por delitos de lesa humanidad insisten en avanzar con el plan de impunidad para lograr su libertad o arresto domiciliario.
Estos defensores presentaron un habeas corpus a favor de unos ochenta condenados y procesados por delitos de lesa humanidad, que fue rechazado por el juez de primera instancia, resolución luego revocada por la Cámara de Apelaciones, ordenando al Juzgado que solicite informes a distintos tribunales federales.
Si bien en su primera presentación dijeron que el habeas corpus había sido presentado a favor de todas las personas mayores de 65 años detenidas en cárceles federales, al tomar conocimiento del resto del expediente, advertimos que la acción se hizo únicamente respecto de aquellas investigadas, juzgadas y condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Por este motivo, nos hemos presentado en conjunto Rufino Jorge Almeida y Graciela Beatriz Daleo, sobrevivientes del terrorismo de Estado con la representación del colectivo KAOS, e H.I.J.O.S. Capital, ante el juez Martín Yadarola, porque entendemos que estas acciones pueden poner en riesgo la garantía del juez natural y que sólo buscan socavar el derecho a la justicia de las víctimas de graves y masivas violaciones a los derechos humanos, así como también el principio de proporcionalidad de las penas que deben imponerse a responsables de crímenes de lesa humanidad. Alertamos que con esta maniobra, una vez más, los abogados defensores pretenden evitar que las detenciones por delitos de lesa humanidad sean cumplidas de manera efectiva en cárceles comunes. Esto implica también el intento de evitar que las condenas se cumplan de manera completa. Las unidades penitenciarias cuentan con las condiciones necesarias para el alojamiento de las personas por las que se ha presentado el habeas corpus. Cuando los tribunales a cuya disposición están los detenidos han considerado que los establecimientos penitenciarios no cuentan con las condiciones necesarias para atenderlos, han resuelto el otorgamiento de la detención domiciliaria. Desde el año 2016, esta modalidad ha predominado en relación con la detención en establecimientos penitenciarios para los condenados por crímenes de lesa humanidad. De acuerdo a la información de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en la actualidad, del total de personas investigadas, juzgadas y condenadas por estos delitos, más de 1.400 están libres y de las más de 600 detenidas (en preventiva o en cumplimiento de condena), alrededor del 80% ya tiene el beneficio del arresto domiciliario.
Este nuevo intento de impunidad para los genocidas es parte del plan que venimos denunciando y que hace casi seis meses contó con una reunión entre diputados y diputadas de La Libertad Avanza con represores en la cárcel de Ezeiza. A casi 49 años del golpe del 24 de marzo de 1976, seguimos luchando por el Juicio y Castigo a todos los culpables y no vamos a permitir ni un paso atrás. Somos el país de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
