En las últimas horas, el Servicio Penitenciario Federal, a cargo de Patricia Bullrich, pidió autorización a distintos tribunales federales para trasladar a 19 genocidas detenidos en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo, lugar de detención con condiciones de privilegio.
El Director General de Régimen Correccional, Gabriel Esteban Aquino, solicitó autorización, entre otros, al Tribunal Oral Federal N° 2 para trasladar a los genocidas del circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo Juan Carlos Avena, Luis Juan Donocik, Gerardo Jorge Arráez y Miguel Ángel Britos y al TOF 5 para el traslado de los genocidas de la ESMA Alfredo Ignacio Astiz, Ricardo Miguel Cavallo, Rodolfo Oscar Cionchi, Alberto Eduardo González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Carlos Rádice, Antonio Pernías y Luis Ambrosio Navarro. Los tribunales no pusieron reparos al traslado, consultaron la opinión de las defensas de los genocidas y pidieron informes sobre infraestructura de la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Siempre hemos reclamado el Juicio y Castigo para los genocidas y partícipes civiles con la plena garantía de sus derechos. Y también hemos sostenido, y lo seguimos haciendo, que el único lugar para quienes cometieron delitos de lesa humanidad es la cárcel común. Rechazamos categóricamente la posibilidad de que los genocidas tengan privilegios. Nunca buscamos venganza, sí Justicia. Mientras, ellos siguen sin romper los pactos de silencio para decirnos dónde están nuestras hermanas y hermanos apropiados y dónde están los cuerpos de los miles desaparecidos.
El año pasado conocimos el plan de impunidad de LLA, que tuvo un fuerte repudio social y no pudo avanzar ni en la clausura de los juicios por crímenes de lesa humanidad ni en la libertad o domiciliarias automáticas de los genocidas. Si bien ahora el argumento del Servicio Penitenciario Federal para pedir el traslado es «liberar plazas y redistribuir al resto de la población penal masculina y generar plazas para mujeres detenidas», consideramos que los genocidas deben estar en cárcel común. Esto nos lleva a decir, una vez más, que la situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de su libertad.
El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no constituye una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a la casi totalidad de las personas detenidas, a excepción de los genocidas que en Ezeiza, por ejemplo, se encuentran en pabellones que registran una ocupación del 50%. La situación carcelaria demanda una política integral dispuesta a resolver los problemas de fondo como las detenciones indiscriminadas, el abuso de la prisión preventiva y el endurecimiento de las penas para muchos delitos comunes.
Como familiares, como sobrevivientes, como querellantes, rechazamos que los genocidas cumplan su condena en la cárcel de privilegio de Campo de Mayo.
