Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S. repudiamos enérgicamente el “Operativo Roca” desplegado por el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel y las acciones anunciadas por el ministro de Defensa Luis Petri, enmarcadas en la resolución ministerial 347/2025 y el Decreto 1112/2024, las que generan un grave retroceso en la política pública de seguridad y conllevan a graves problemas entre las Fuerzas de Seguridad y civiles en nuestro país y en particular en la provincia de Salta.
El Operativo comenzó con 1.300 hombres, pero el ministro prometió que para fin de año se movilizarán “10 mil soldados en total”. En la actualidad, el Ejército tiene unos 6.500 oficiales, 24 mil suboficiales y 18 mil soldados voluntarios para todo el territorio nacional. Esa cantidad representaría alrededor del 25 por ciento de los agentes teóricamente operativos del Ejército.
Las «reglas de empeñamiento» del Operativo están en un anexo reservado. No se especifica claramente la responsabilidad de la cadena de mando ni se define con precisión el rol de las Fuerzas Armadas frente a las de Seguridad. Tal como lo anunció Petri y en función del Decreto y la resolución ministerial, se habilitó a que los efectivos dispongan la aprehensión de civiles en caso de flagrancia, facultad que ya tienen las Fuerzas de Seguridad provinciales, como la Policía, o eventualmente de Fuerzas federales como Gendarmería.
Las medidas del gobierno nacional con el Operativo Roca son viejas recetas represivas destinadas al control social, que lejos de resolver las problemáticas del narcotráfico y la inseguridad, implican retrocesos en materia de derechos humanos y seguridad pública.
Nuevamente, se desdibuja el rol diferenciado que deben tener las Fuerzas de Seguridad y se pretende unificar funciones y competencias generando incertidumbre y confusión entre las mismas Fuerzas y habilitando la posible comisión de ilícitos contra la población civil.
Las Fuerzas Armadas tienen una competencia específica, atribuida por las leyes y la Constitución Nacional, a la que responde la formación de sus agentes y es la de repeler ataques de estados extranjeros y no la de detener a civiles.
La problemática de delitos complejos como el narcotráfico bajo ningún punto de vista está vinculado con la imposibilidad de las Fuerzas Armadas de detener a civiles. En Salta, al igual que en otros lugares de nuestro país, el narcotráfico es una problemática que se sostiene bajo una gran red con participación de actores estatales y privados de gran poder económico.
Si de verdad se buscara resolver esto, se debería pensar cómo mejorar la intervención de las Fuerzas de Seguridad provinciales y federales para colaborar en la investigación de quienes participan en el entramado de responsabilidades.
Por el contrario, de nuevo se enfoca el problema sobre el eslabón más débil de la sociedad, que son quienes trabajan de manera informal en las zonas de fronteras. La criminalizacion de estos trabajadores y migrantes no resultó eficiente para reducir el delito en ninguna parte del mundo. Al contrario: estas medidas incrementan las tasas de detención- al ampliar las competencias de detención de Fuerzas que no están capacitadas para eso-, pero no reducen en lo más mínimo las modalidades delictivas violentas, sino que más bien las incrementa.
La profundización de la represión y la respuesta punitiva del Estado en la frontera está dirigido contra los bagayeros y trabajadores informales, como ya lo demostró el “Plan Güemes” dispuesto por la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich: a días de su implementación, Gendarmería se cobró la vida del bagayero Fernando Gómez en Aguas Blancas, hecho por el que fueron imputados cinco gendarmes, y de Rodrigo Torres en la Quiaca y generó graves lesiones y daños contra otros trabajadores informales.
Ambos operativos ponen de manifiesto que la intención del gobierno nacional no es prevenir ni erradicar el narcotráfico, sino reprimir y castigar a migrantes y a trabajadores informales de la frontera, disponiendo inútilmente recursos del Estado, y con el consecuente incremento de la violencia institucional y social.
