Meses después de la reunión de diputados y diputadas de LLA con condenados por delitos de lesa humanidad presos en la cárcel de Ezeiza, 10 de esos genocidas y otros 9 que no participaron del encuentro pasan a cumplir su condena en la cárcel VIP de Campo de Mayo.
El traslado fue impulsado por el Director General de Régimen Correccional, Gabriel Esteban Aquino, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich.
La medida beneficia a los 19 condenados por delitos de lesa humanidad: los genocidas Alfredo Ignacio Astiz, Carlos Guillermo Suárez Mason (h), Adolfo Miguel Fonda Tigel, Antonio Pernías, Jorge Carlos Rádice, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Luis Ambrosio Navarro y Rodolfo Oscar Cionchi, condenados en la causa ESMA; Gerardo Jorge Arráez, Miguel Ángel Britos, Juan Carlos Avena y Luis Juan Donocik, condenados en la causa ABO; Lucio César Nast y Mario Alfredo Marcote, condenados en la causa Feced; Marcelo Cinto Courtaux, condenado en la causa Contraofensiva Montonera; Julio César Argüello, condenado en la causa Circuito Camps; Manuel Cordero Piacentini, condenado en la causa Plan Cóndor; y Raúl Antonio Guglielminetti, condenado en las causas Escuelita, ABO, Orletti y Coordinación Federal.
El argumento del Servicio Penitenciario Federal es “liberar plazas y redistribuir al resto de la población penal masculina y generar plazas para mujeres detenidas”. El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no es una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a la casi totalidad de las personas detenidas, a excepción de los genocidas.
Volvemos a decir que la situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de su libertad. Pero el único lugar para un genocida es la cárcel común.
La situación carcelaria demanda una política integral dispuesta a resolver los problemas de fondo como las detenciones indiscriminadas, el abuso de la prisión preventiva y el endurecimiento de las penas para muchos delitos comunes.
Como familiares, como sobrevivientes, como querellantes, rechazamos que los genocidas cumplan su condena en la cárcel de privilegio de Campo de Mayo.
Seguimos reclamando que los genocidas rompan los pactos de silencio y digan dónde están los miles de cuerpos que siguen desaparecidos y nuestras hermanas y nuestros hermanos que siguen sin conocer su identidad.
