En el marco de las actividades a 40 años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 1979, un grupo de organismos de derechos humanos nos reunimos con los comisionados Esmeralda Arosemena de Troitino, Paulo Abrao, Joel Hernández y Antonia Urrejola y les estregaron un informe que describe la situación de las políticas públicas sobre Memoria, Verdad y Justicia.

El documento actualiza la información que los organismos presentamos a la Comisión en 2017, en su 165º período de sesiones ordinarias, y sintetiza las medidas regresivas tomadas en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, a partir de las cuales distintas dependencias encargadas de colaborar con los procesos judiciales fueron desactivadas. Además, describe las deudas del Poder Legislativo en la materia y las sentencias del Poder Judicial, negativas para el proceso de justicia, especialmente de la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal.

El informe da cuenta además de la marcada tendencia al otorgamiento de prisiones domiciliarias para represores, con débiles mecanismos de control, así como de las cuestionadas intervenciones del Cuerpo Médico Forense que devienen en la impunidad de cientos de represores.

El documento de los organismos también describe con detalle el grave estado de deterioro de decenas de sitios de memoria del terrorismo de Estado en todo el país y finalmente, se informa a la CIDH acerca del Proyecto de Ley de Fortalecimiento y Protección de la Memoria, la Verdad y la Justicia, presentado por Abuelas de Plaza de Mayo en marzo pasado en la Cámara de Diputados de la Nación, que busca consolidar las políticas públicas en la materia y acelerar los juicios de lesa humanidad.

Horas antes, los representantes de la CIDH habían compartido junto a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Víctor Abramovich, ex Vicepresidente de la CIDH, el panel «Los impactos históricos del trabajo de la CIDH y los nuevos desafíos frente al contexto regional actual», en la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, dentro del Espacio Memoria. Estela de Carlotto dio la bienvenida manifestando que la presencia de los comisionados es un honor y recordó la «amistad permanente desde hace cuatro décadas» con el organismo. Esmeralda Arosemena de Troitino, presidenta de la CIDH, habló de una doble conmemoración, ya que este mes también se cumplen 60 años de su creación: «Expreso mi más profunda admiración y agradecimiento a todas las personas e instituciones presentes», dijo. Luego fue el turno de Víctor Abramovich, ex vicepresidente de la CIDH, quien repasó distintas actuaciones en violaciones de derechos humanos pero también de derechos económicos y sociales en Latinoamérica.

A su turno, Antonia Urrejola Noguera, segunda vicepresidenta de la CIDH, recordó a los comisionados que realizaron la histórica visita, y destacó la figura de Emilio Mignone, fundador del CELS. Además, repasó la lista de familiares y organismos que «hicieron aportes invaluables con gran coraje». Urrejola se refirió a las casi 5.000 denuncias que recibió en esa oportunidad y destacó: «Hace 40 años la CIDH fue un espacio de escucha en un ambiente de silencio y terror».

Recordó que el informe de la CIDH fue rechazado por la Junta Militar y, sin embargo, fue difundido por los medios de prensa y tuvo repercusión internacional. “Las voces de las víctimas fueron visibilizadas. La visita instaló en los medios, sin eufemismos, la palabra ‘desaparecido'», aseguró.

A continuación, se abrió un espacio de diálogo para que los comisionados pudieran escuchar a la sociedad civil. La primera intervención estuvo a cargo de representantes de las universidades nacionales, que dieron cuenta de violaciones de los derechos humanos en la Argentina en la actualidad. Luego, el Secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, habló de una de las principales violaciones a los derechos humanos en la Argentina actual: «El derecho a comer», y enumeró que se vulnera también el derecho a la educación de los niños y niñas, y a la salud de los adultos mayores, y denunció la persecución gremial. También tomó la palabra el Comité por la Libertad de Milagro Sala para advirtir sobre la situación de detención de presas políticas en Jujuy.

A su turno, los familiares del Ara San Juan advirtieron ante los comisionados que pronto acudirán a la CIDH por las irregularidades en la causa y para denunciar la connivencia entre la jueza y el ministro de Defensa Oscar Aguad. Por último, Sergio Maldonado agradeció a la CIDH por ser la segunda vez que lo escuchan. Contó que todo lo que había pensado decir cambió con el impacto de la noticia de la reapertura de la causa por su hermano Santiago Maldonado. «Queda demostrado que la justicia actúa por un marco internacional o en un plano electoral», aseguró y detalló: «Santiago estuvo desaparecido 78 días. El Estado estuvo tres veces en ese lugar y el cuerpo no estaba. No podemos confiar en quienes están investigando”, señaló. También dio cuenta del dolor que generan estas violencias: «Hay secuelas irreparables. La primera es que Santiago no está. Y la deshumanización que recibió mi familia». El cierre del encuentro estuvo a cargo de Taty Almeida con el grito de “30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, presentes, ahora y siempre”. La Comisión escuchó con atención.