Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay 659 genocidas, condenados o en preventiva, que tienen el beneficio del arresto domiciliario. Son el 72% de los detenidos por delitos de lesa humanidad.
Hasta la fecha, hay 997 condenados por delitos de lesa humanidad, entre uniformados y civiles. Ya se dictaron 246 sentencias desde la reapertura de los juicios.
Hasta ahora, se registran 3329 personas investigadas por delitos de lesa humanidad. Son 618 personas procesadas, 538 imputadas, 176 con falta de mérito, 162 absueltas, 92 sobreseídas, 65 indagadas, 28 prófugas y los 997 condenadas. Asimismo, fallecieron 653 personas investigadas por crímenes cometidos durante la época del terrorismo de Estado desde la reapertura de las causas.
Sobre el estado de las causas, el relevamiento indica que de un total de 597 en trámite, el 263 están en etapa de instrucción, 246 obtuvieron sentencia, 70 fueron elevadas a juicio y 19 están actualmente en etapa de debate.
Sobre las domiciliarias
El informe señala “el aumento de la cantidad de prisiones domiciliarias que se suscitaron durante este año, incremento que se debe, en una pequeña porción, al contexto de pandemia y a la entrada en vigencia del Decreto 260/20, a partir del cual se registraron solicitudes de morigeración de la modalidad de prisión. En comparación a junio, cuando la cifra era de 649, el número actual marca un leve ascenso: actualmente son 659 las personas que están bajo esta modalidad de arresto”.
“En efecto, los datos arrojan un incremento en el número de prisiones domiciliarias a causa del COVID-19: mientras que en el informe de junio se contabilizaron 22 imputados (3 por ciento) a quienes le fue concedida esta forma de arresto, en septiembre suman 37 las personas (6 por ciento) que obtuvieron la prisión domiciliaria fundada en razones vinculadas a la pandemia”.
“Desde otro ángulo, 659 personas cumplen arresto domiciliario, lo que representa el 72 por ciento de los casos de personas detenidas. En tanto, unas 181, es decir, un 20 por ciento del total de privadas de la libertad, permanece en unidades penitenciarias. El restante 8 por ciento está alojado en otras dependencias”.
EL ÚNICO LUGAR PARA LOS GENOCIDAS ES LA CÁRCEL
