En el marco del 24 de marzo, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad actualizó los números de los juicios a genocidas. Así, informó que existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado, de las cuales 278 están en etapa de instrucción, 254 obtuvieron sentencia, 73 están elevadas a juicio y 21 están en debate.
La Procuraduría indicó que la situación de emergencia sanitaria ha influido en la continuidad de los juicios: de los procesos iniciados previamente al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el decreto 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional, doce tuvieron sentencia y diez aún continúan en trámite. De los juicios que se iniciaron con posterioridad al decreto, once continúan en trámite y uno obtuvo sentencia.
Con los datos estadísticos cerrados al 16 de marzo pasado, las personas condenadas por estos crímenes desde 2006, suman 1.025, mientras que hubo 165 absoluciones. Hay 618 procesadas, 623 solamente imputadas, otras 104 fueron sobreseídas y 169 con falta de mérito. Hay otras 42 personas indagadas sobre las que aún no hubo resolución de mérito, mientras que suman 29 las personas prófugas. A lo largo del proceso de verdad y justicia fallecieron 715 personas antes de que se dictara sentencia a su respecto.
Estas variables desagregadas conforman el universo de 3.490 personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas. De todas ellas, hay 1661 personas -un 47%- que transitan los procesos en libertad, mientas que 859 -un 25%- están privadas de su libertad. De todas ellas, 636 tienen el beneficio del arresto domiciliario, modalidad de detención que predomina desde el 2016.
Por otro lado, en relación con el tiempo que insume la tramitación de estas causas, la Procuraduría promedió los plazos y estimó que transcurren cinco años y dos meses desde el requerimiento de elevación a juicio hasta el último fallo de la Corte Suprema para que una sentencia quede firme. Analizado ese lapso por tramos, el organismo estableció que en promedio transcurren cinco meses entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la instrucción; dos años y cuatro meses desde la elevación a juicio hasta el veredicto; y tres años y siete meses entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema.
