A 40 años de la recuperación de la democracia y con la motivación de nuestra lucha histórica por Memoria, Verdad y Justicia, desde Abuelas de Plaza de Mayo, la Agrupación H.I.J.O.S. Regional Capital y la Fundación Luisa Hairabedian hemos trabajado e ingresado un proyecto de ley contra el negacionismo en la Argentina, que tiene el apoyo de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, de organizaciones de la colectividad judía, de la comunidad Armenia y de agrupaciones de pueblos originarios, como también de la académica Valeria Thus, especializada en el tema.
El proyecto será presentado el martes 7 de noviembre a las 10 horas en el anexo C del Congreso de la Nación en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos. La presentación está encabezada por la diputada Carolina Gaillard y además tiene las firmas de las diputadas y los diputados Hugo Yasky, Germán Martínez, Daniel Gustavo Gollán, Mónica Macha, Eduardo Valdés, Mara Brawer, Alejandro Rodríguez, Sergio Palazzo, Gisela Marziotta, Leonardo Grosso, Eduardo Toniolli, Ricardo Daives, Rosana Bertone y Susana Landriscini.
El contexto de esta presentación es la gran preocupación que nos generan desde ya hace algún tiempo las prácticas y expresiones negacionistas y apologistas del terrorismo de Estado, como también los discursos y acciones de odio. Por eso, hace tiempo empezamos a preguntarnos y reflexionar sobre qué acciones son necesarias para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de hechos.
Proponemos un proyecto integral de ley que consta de partes: la definición de un organismo competente en la materia, el INADI (que pasaría a llamarse INADIN), la formación en derechos humanos de manera obligatoria para todas las personas que ocupen cargos y funciones públicas, como también para trabajadores y trabajadoras del Estado (símil Ley Micaela), y la tipificación penal, en este caso destinado únicamente a funcionarios públicos, con la pena de inhabilitación.
La base y motivo de este proyecto es combatir al negacionismo a través de la educación, previniéndolo y erradicando los discursos de odio, poniéndole un límite a quienes respaldan el negacionismo como la etapa final del genocidio y defendiendo la democracia que tanto nos costó conseguir y nos cuesta defender.
La primera parte del proyecto propone la modificación del nombre y las competencias del INADI, pasándose a llamar “Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia, el racismo y el negacionismo”, y en cuyo objeto, a las funciones existentes se sumará la de trabajar sobre el negacionismo de genocidios y crímenes de lesa humanidad.
La segunda parte toma la formulación de la Ley Micaela. De la misma manera, proponemos una formación obligatoria para funcionarios/as y empleados/as de los tres poderes del Estado con un curso de derechos humanos, cuya autoridad de aplicación sería el INADIN, que tendría a su cargo la realización del contenido del programa a desarrollarse, recayendo en cada organismo público la responsabilidad de realizar el curso para sus trabajadores/as.
Por último, y en torno a la tipificación penal, el proyecto promueve penalizar solamente a funcionarios/as públicos/as de los tres poderes del Estado. Consideramos necesario avanzar en un instrumento legislativo que prohíba ciertas conductas en el ámbito de la administración pública. Aquí lo que se protege son las expectativas ciudadanas sobre quienes son funcionarios/as públicos/as: decencia, decoro, apego a la legalidad, valores democráticos y, sobre todo, la coherencia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado nacional en materia de Memoria, Verdad y Justicia, derecho a la verdad y garantía de no repetición.
El negacionismo es incompatible con la función pública y las obligaciones de quienes son funcionarios/as para con ese bien jurídico. Así, proponemos que sea “reprimido con pena de inhabilitación especial de 3 meses a 4 años, el/la funcionario/a público/a que, en el ejercicio del empleo, cargo o función, negare, minimizare, justificare o revindicare públicamente y por cualquier medio genocidios o crímenes contra la humanidad reconocidos oficialmente como tales por el Estado Argentino.” Una vez aplicada la inhabilitación, para acceder a la rehabilitación en el cargo será obligatorio realizar por lo menos alguno de los programas educativos sobre negacionismo de genocidios y crímenes contra la humanidad dictados por el INADIN.
Este proyecto no sólo abarca al período del Terrorismo de Estado comprendido por la dictadura cívico-militar (1976/1983), sino a todos los crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado, como son el holocausto, el genocidio armenio, la masacre de Napalpí de pueblos originarios, o la triple A, entre otros.
La sanción de este marco regulatorio convertiría a la Argentina en pionera en la región, ya que este delito sólo se encuentra tipificado en países europeos como Alemania, España, Portugal, Suiza, Bélgica, Francia, Austria, Holanda, Luxemburgo, República Checa, Ucrania, Lituania, Polonia, Rumania, Liechtenstein, Malta, Eslovenia, Andorra, Hungría, Letonia, Croacia, Bulgaria, Chipre, Italia, Grecia. Además, lo prevén Israel, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Ruanda, Camboya.
Es fundamental para el pueblo argentino que los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado no se repitan, como así también que ningún funcionario público los revindique, niegue o justifique, lo que significaría una nueva ofensa a las víctimas.
