El pasado 16 de septiembre hemos presentado un escrito en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, que subroga el juez Ernesto Kreplak, con el objetivo de ser tenidos como parte querellante en la causa que investiga la visita de un grupo de diputados y diputadas de La Libertad Avanza a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad que están presos en el penal de Ezeiza.
El escrito, patrocinado por el abogado Pablo Llonto en representación de la Agrupación H.I.J.O.S. Capital, se sustenta en la exigencia del cumplimiento de la normativa vigente sobre visitas a establecimientos penitenciarios y en que el hecho de una visita irregular y violatoria de las normas y procedimientos de ingresos a las cárceles no se convierta en un obstáculo para el deber del Estado argentino de juzgar y sancionar con penas apropiadas a los responsables de los más aberrantes crímenes cometidos contra la humanidad.
La denuncia solicita que se investigue al director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, y a su responsable, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por la probable comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y encubrimiento y, si con posterioridad a los hechos del pasado 11 de julio, se cometieron acciones destinadas a ocultar los anteriores delitos.
Por último, el perjuicio directo y real que expresamos es el agravio de observar cómo se ha pretendido mediante el accionar conjunto de funcionarios públicos y los internos condenados por delitos de lesa humanidad, vulnerar leyes y reglamentos para gestar un plan de impunidad en un hecho concertado, preparado y estudiado tiempo atrás para pergeñar proyectos de ley y decretos con el objetivo de la impunidad para los responsables de estos crímenes.
