Con el pretexto de morigerar el hacinamiento carcelario, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, envió al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias-que funciona en el ámbito de la Casación federal- un listado de 1.111 personas detenidas que por el tiempo transcurrido en prisión cumplen los requisitos para obtener la libertad condicional o la prisión domiciliaria mediante monitoreo electrónico. En esas listas entre los casos considerados prioritarios, el SPF incluyó a 96 condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta, el “Turco” Julián o el ex capellán Christian Von Wernich, por tratarse de internos “mayores de 70 años”.
Los organismos de derechos humanos abajo firmantes repudiamos esta maniobra que encubre otro intento por beneficiar a los genocidas, más allá del caso a caso. Los 96 represores no representan ni el uno por ciento de los internos del Servicio Penitenciario Federal y muchos de ellos están alojados en un lugar de privilegio, la Unidad Penitenciaria de Campo de Mayo, por lo que difícilmente el dictado de domiciliarias reduzca la sobrepoblación carcelaria.
Por primera vez el Sistema Penitenciario Federal se encuentra con una sobrepoblación estructural, con todas sus unidades por encima del cupo. El hacinamiento en las cárceles no es consecuencia del encarcelamiento de quienes cometieron los peores crímenes, sino de una política criminal que encarcela masivamente a las personas con menos recursos. La situación carcelaria actual es producto de la orientación de las políticas que el mismo Poder Ejecutivo impulsó con reformas que endurecieron la ley de ejecución y la persecución penal. La llamada “mano dura” conduce a un aumento sostenido del encarcelamiento: las propias proyecciones oficiales sostienen que es esperable un crecimiento del 40% de los detenidos para 2020.
Lejos de diseñar una solución eficaz para este problema, el Ministerio de Justicia dispuso que el SPF envíe estos listados al Sistema de Coordinación, sabiendo que esa instancia no puede tomar decisiones porque éstas dependen de los jueces de cada causa. Es decir que la medida no representa una solución de fondo al problema de la sobrepoblación y, al mismo tiempo, esconde un mensaje claro al Poder Judicial sobre que los condenados por delitos de lesa humanidad deberían obtener salidas. Se trata de torturadores, desaparecedores, homicidas y apropiadores de niños/as que al día de hoy continúan sellando sus pactos de silencio. Como paradoja, se aconseja liberar a los peores criminales de nuestro país para generar espacio en las cárceles y continuar con una política que encarcela pobres.
Los organismos rechazamos esta política y repudiamos este nuevo intento de privilegiar a los condenados por delitos de lesa humanidad.
Abuelas de Plaza de Mayo
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
H.I.J.O.S Capital
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – La Matanza
Centro de Estudios Legales y Sociales
Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte
Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
