Un año atrás, salía el fallo repudiable de la Corte para aplicar el beneficio del 2×1 a genocidas, con las firmas de la jueza Highton de Nolasco y los jueces puestos por Macri, Rosatti y Rozenkrantz. Una semana después lo frenábamos con pañuelazos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del «Fallo Muiña», pretendió abrir una instancia de impunidad para que los genocidas condenados puedan tener la reducción de su condena a la mitad. Las críticas llegaron apenas se conoció el fallo. Una semana después, el 9 de mayo, el Congreso de la Nación, a partir del rechazo popular, logró votar una limitación para el beneficio.
Al día siguiente, el 10 de mayo, las plazas del país -y algunas del mundo- se llenaron de pañuelos blancos en rechazo al beneficio para genocidas, bajo la consigna: NINGÚN GENOCIDA SUELTO. Se trató de un pañuelazo con fuerza de pueblo.
