Durante la última dictadura genocida, en el conflicto bélico de 1982 por las Islas Malvinas los soldados argentinos sufrieron delitos de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas de nuestro país. Hasta ahora, los responsables siguen impunes. Muchos de ellos tienen causas y/o condenas por su accionar criminal en los más de 700 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron durante la última dictadura cívico-militar.
Desde H.I.J.O.S. Capital acompañamos el reclamo judicial de los ex combatientes de la guerra por las Malvinas para que los responsables de los delitos de lesa humanidad sean juzgados y condenados. Ante la falta de justicia, en el año 2012 hemos presentado un Amicus Curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en apoyo a la denuncia del Centro de ex Combatientes de Malvinas (CECIM) – La Plata. En ese momento, hemos resaltado la importancia de las políticas de Estado que desde el Poder Ejecutivo consolidaron Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que no tuvieron acompañamiento en el Poder Judicial.
La semana pasada, en el marco de la causa judicial radicada en Tierra del Fuego, el titular de la Fiscalía General de Río Grande, Marcelo Alejandro Rapoport, con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, solicitó la detención y convocatoria a declaración indagatoria a 26 militares por 22 hechos de torturas aplicadas en la Isla Gran Malvina, en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú, donde se desempeñó el Regimiento de Infantería Nº 5, dependiente de la III Brigada de Infantería, al que estaban subordinadas cinco compañías militares. La causa está a cargo del juez subrogante Federico Calvete.
La Fiscalía pide la medida al adjudicar a las autoridades militares el haber ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura, como el estaqueamiento y el enterramiento. Además, el fiscal basó sus argumentos en la obligación internacional del Estado argentino de investigar los crímenes y afirmó que «los hechos del caso constituyen crímenes contra la humanidad y, por esa razón, están alcanzados por una norma del Derecho internacional que desde tiempo antes de su comisión establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos».
Apoyando la causa abierta por los ex combatientes, seguimos exigiendo Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía. Por eso, esperamos que el Poder Judicial actúe rápidamente dando lugar a las medidas solicitadas por el fiscal Rapoport para que se termine la impunidad.
En tiempos en los que el Gobierno de Macri trabaja en favor de los intereses británicos en el Atlántico Sur, en contra de los argentinos, incluso violando la Constitución Nacional y leyes vigentes, volvemos a decir que: ¡Defendemos nuestra soberanía! ¡Las Malvinas son Argentinas!