Desde H.I.J.O.S. Capital reiteramos nuestro rechazo a la designación de la Dra. Weinberg al cargo, por lo que hemos presentado una impugnación a su pliego ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación.
Weinberg presenta posiciones contrarias al proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura genocida. Basamos nuestros argumentos en declaraciones públicas que la ubican en sintonía con la «teoría de los dos demonios», así como también señalamos que como miembro del Tribunal Suprema de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tenido fallos contrarios a la defensa y promoción de los derechos humanos, como el referido al uso de las armas Taser (picanas portátiles) y el que faculta a la Policía a detener a personas en la vía pública para pedir la identificación fuera de las causales previstas en leyes locales, federales y pactos internacionales.
Consideramos que es fundamental que quien se desempeñe en el cargo máximo de la Procuración respete y fomente la defensa de los derechos humanos. Además, es fundamental sostener un acompañamiento a las víctimas. La trayectoria obtenida en la Procuración General de la Nación por la Dra. Alejandra Gils Carbó ha demostrado que es posible una gestión así. En el caso de Weinberg, consideramos que carece de los requisitos éticos necesarios para ocupar el cargo para el que ha sido postulada y que su candidatura debe ser rechazada por el Senado.
En un contexto de negacionismo oficial y de retrocesos de políticas de Memoria, Verdad y Justicia, el macrismo propone a Weinberg en un lugar central de lucha contra la impunidad. Por eso nos oponemos a esta candidatura, porque sus antecedentes no demuestran que ese vaya a ser el camino. Asimismo, señalamos que la anterior Procuradora, Gils Carbó, fue perseguida por el Gobierno hasta lograr su renuncia.
A partir de nuestra experiencia de lucha como organismo defensor de los derechos humanos, pedimos al Senado de la Nación que no convalide con su acuerdo a una funcionaria que no ha demostrado un compromiso con la Verdad y la Justicia sobre los delitos de lesa humanidad. Todas las instituciones del Estado deben garantizar la persecución de los crímenes del terrorismo de Estado y trabajar en la prevención su repetición.
