Los organismos de derechos humanos abajo firmantes repudiamos la decisión tomada por la jueza Graciela Leonor Dubal (Juzgado nacional de 1ra. instancia del Trabajo 39), quien concede a Metrovías el poder para perseguir la actividad gremial.
Nos solidarizamos con Miguel «Pipi» González, secretario de Derechos Humanos de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, quien, por la medida dictada por Dubal, fue separado provisoriamente de su puesto de trabajo mientras se tramita el juicio por desafuero con la intención de despedirlo, por la realización de medidas de fuerza gremiales el pasado 24/5.
Esta medida cautelar a favor de Metrovías lesiona el derecho a la protesta y a la huelga. Es una acción persecutoria de la empresa Metrovías, una de las tantas que viene realizando contra un sindicato democrático, que no se subordina al techo del 15% que pretende el Gobierno para esta paritaria.
Entre la supuesta justicia y las disposiciones ya tomadas por el ministerio de trabajo, se lesiona una vez más el derecho a la libre agremiación, se persigue a dirigentes sindicales y se obstaculiza la actividad gremial y sindical que es la única herramienta que tienen lxs trabajadorxs frente a las patronales.
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo – Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora – Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas – H.I.J.O.S. Capital – Liga Argentina por los Derechos del Hombre – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte – Asociación Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz – Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos