Ante la reglamentación de las armas Taser en la Argentina, en el marco de la Doctrina Bullrich, como organismo de derechos humanos reiteramos nuestro rechazo al uso de un arma de tortura que puede ser letal.

2010

Lunes 1º de febrero de 2010

Comunicado de prensa: La Policía de Macri sale a la calle con picana

El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, saca a la calle a la Policía Metropolitana con armas condenadas por la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, que actúan como picanas, son letales y no dejan marcas.

Desde H.I.J.O.S. repudiamos esta medida tomada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos de implementar este armamento. Macri y el Ministro de Seguridad Guillermo Montenegro no pueden dar seguridad: cuando el entonces Jefe de la Fuerza, el represor Jorge “Fino“ Palacios, era cuestionado por los familiares de víctimas del atentado en la AMIA, organismos de derechos humanos y las 40.000 personas que firmaron el petitorio para su remoción, tanto Macri como Montenegro afirmaron que Palacios era confiable, tanto que Macri le daría sus hijos para que los cuidara. Ahora su niñera está detenida por su responsabilidad en las escuchas telefónicas ilegales a Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado. Ésta es la misma confianza que nos dan Macri y Montenegro acerca de estas armas: ninguna.

Y podemos hilar más fino. Diputados de su bloque apoyaron la candidatura del represor Luis Abelardo Patti, ahora detenido en Marcos Paz por delitos de lesa humanidad. Sin ir más lejos, uno de ellos fue el actual Jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco. ¿Cómo puede ser Jefe de la Fuerza alguien que defendió parlamentariamente a un represor, que como integrante de la Policía violó los derechos humanos, torturando y asesinando?

La Policía Metropolitana fue cuestionada por más motivos, entre ellos, que todavía sigue empleando a represores de la última dictadura cívico-militar en sus oficinas. Y porque, además, parece estar preparándose para eventos de represión, cuando por Ley sólo podría participar en delitos previstos en el Código Contravencional.

Parece que al Gobierno de la Ciudad le gusta mucho la represión y anhela otras épocas, en las que las calles estaban enrejadas y la picana era de uso cotidiano. Esta misma gestión que dice no tener más dinero para educación y salud invierte en estas armas alrededor de 2.000 dólares por unidad y alrededor de 100 por cada cartucho que se dispara, según las cifras del mercado.

Según informó el Observatorio de Derechos Humanos, “a diferencia de la Picana, la Taser no necesita ser enchufada, y tampoco realiza una descarga de 220v. Tiene forma de pistola, funciona con una pila de 26v, y al ser disparada produce una descarga de 50.000 voltios que tumba e inmoviliza al receptor. Por otro lado, las neopicanas cuentan con un nuevo beneficio: no dejan marcas, ergo no dejan pruebas”.

Exigimos que el Gobierno de la Ciudad se atenga a la condena hecha por la Convención Contra la Tortura de las Naciones Unidas sobre el uso de estas armas y las retire de la Metropolitana. Hacerlo sería estar a la altura de la democracia.

H.I.J.O.S. Capital

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010. Comunicado de prensa:

EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD PRESENTÓ ANTE LA JUSTICIA PORTEÑA UN AMPARO CONTRA EL USO DE LAS PISTOLAS TASER

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH) presentó hoy un recurso de amparo ante la justicia pidiendo que se impida la utilización de las armas Taser por parte de la Policía Metropolitana, por consistir en un elemento de tortura.

La noticia de que el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, había dispuesto la compra de este tipo de armamento para la flamante Policía Metropolitana produjo un fuerte rechazo por parte de amplios sectores de la sociedad civil y organizaciones defensoras de los DDHH. Es por eso que el ODH decidió realizar la presentación judicial este lunes 22 de febrero.

El amparo se apoya en los los argumentos de la Convención Contra la Tortura de las Naciones Unidas (que forma parte de la Constitución Nacional y de la Ciudad), que afirma que estas armas constituyen elementos de tortura.

El planteo que se interpone pretende resguardar el principio de legalidad y proteger la vida, integridad física y salud de todas las personas que se encuentran en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Por último, intenta evitar situaciones de impunidad policial ante un uso abusivo de las armas tipo Taser que no dejan marcas sobre el cuerpo.

La medida a su vez solicita que se cite a prestar prueba testimonial al jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco para exponer sobre las razones que llevaron al Poder Ejecutivo de la Ciudad a violar la Convención contra la Tortura en la Legislatura porteña.

Y por otro lado propone que se solicite al Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la UBA que informe sobre los efectos de las armas de electro-convulsión en su uso contra personas.

La justicia prohibió el uso de las Pistolas Taser 

La jueza Andrea Danas, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 9, dictó hoy, martes 02/03/2010, una medida cautelar en la que ordena suspender el uso de las armas Taser por parte de la Policía Metropolitana, hasta tanto exista sentencia definitiva.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) había presentado el último 22 de febrero de 2010 un recurso de amparo ante la justicia porteña para impedir la utilización de las pistolas Taser por considerarlas un elemento de tortura.

La justicia dictó sentencia definitiva contra el uso de las Pistolas Taser

La Dra. Andrea Danas, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 9, prohibió de manera definitiva el uso de las neopicanas Taser. El fallo argumenta que su uso viola la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas (convención a la que suscriben la Constitución Nacional y también la de la Ciudad). La sentencia ordena que el Gobierno porteño se abstenga de comprar y/o usar estas armas eléctricas.

«Reconocer la dignidad de las personas a la luz de los tratados internacionales que el Estado argentino ha decidido suscribir implica indefectiblemente aceptar que el Estado no puede proferir tratos crueles, inhumanos o degradantes que provoquen sufrimientos o dolores intensos, tal como lo ha descripto el Comité Contra la Tortura. Si ésta es la calificación que ese Comité ha efectuado de las armas Taser, debe estarse a la altura de esas conclusiones, y admitir que hemos decidido vivir en un sociedad donde deseamos que ciertos hechos no sucedan ‘NUNCA MAS'», detalla la sentencia en uno de sus párrafos.

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-153742-2010-09-24.html

EL PAIS › NUEVO RECHAZO AL USO DE PISTOLAS ELECTRICAS EN LA CIUDAD

En alerta contra las Taser X26

Organismos de derechos humanos volvieron a pronunciarse en contra de que la Policía Metropolitana utilice esas armas. Lo hicieron ante la posibilidad de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo revoque el fallo que las prohibió.

Organismos de derechos humanos se pronunciaron en contra de un eventual fallo que revoque la decisión de la jueza Andrea Danas, que prohibió el uso de las pistolas eléctricas Taser X26 a la Policía Metropolitana. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo debe resolver la apelación presentada por el gobierno de Mauricio Macri, que insiste en la utilización de los polémicos dispositivos por parte de la fuerza policial porteña. Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones, firmaron un texto que le hicieron llegar a los camaristas apoyando la medida dictada en primera instancia y volvieron a considerar a las Taser como “elementos de tortura”. El dictamen promete ser dividido debido a las diferencias entre los mismos jueces.

Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora y el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) rubricaron un documento destinado a todo el Poder Judicial. El texto también fue ingresado por mesa de entradas a la Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Esteban Centanaro, Mabel Daniele y Horacio Corti. Los tres magistrados deben resolver la apelación del gobierno porteño contra el fallo dictado el 13 de julio pasado por la jueza Danas, que prohibió el uso de las Taser X26 en todo el territorio de la ciudad.

“Nos manifestamos a favor de la prohibición de la pistola eléctrica Taser”, afirmaron las organizaciones en apoyo a Danas. “Esta arma eléctrica no hace más que traernos del pasado la práctica y el recuerdo de la tristemente célebre picana”, aseguraron. También recordaron los informes presentados por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y por Amnesty Internacional para justificar que las Taser sean consideradas elementos de tortura, además de dispositivos letales, a raíz de las centenares de muertes vinculadas a su uso por parte de las fuerzas policiales de los Estados Unidos. “Los organismos recibimos la sentencia de la jueza con gran satisfacción, porque la prohibición de la utilización de esta nueva picana es una defensa del derecho a la vida”, apuntaron en el escrito. “Estamos convencidos de que ratificar el fallo significaría el pleno respeto a los derechos humanos”, concluyeron en el documento con el que esperan echar por tierra las aspiraciones del oficialismo porteño de sacar a la calle las pistolas eléctricas para combatir contravenciones. Desde el mismo entorno del PRO reconocieron que dotar a la Metropolitana de las Taser fue una iniciativa del ex comisario Jorge “Fino” Palacios, en su paso por la Jefatura de la fuerza.

Las especulaciones sobre la posible decisión de los camaristas se apoyan en el perfil de los tres jueces que integran la Sala. Aunque se mostraron optimistas con respecto a una ratificación de la prohibición, los organismos temen que la vacante a cubrir en el Tribunal Superior de Justicia porteño tenga algún tipo de influencia negativa sobre la decisión final. La fiscal Daniela Ugolini, postulada por el macrismo para ocupar un puesto en el TSJ, declinó su postulación, por lo que la plaza está aún vacante para quienes “hagan buena letra” en fallos a favor del macrismo, señalaron. En el seno mismo de la Cámara subsisten las diferencias entre los magistrados Centenaro y Daniele, que suelen votar de manera inversa. Centenaro supo hacer tándem con la fiscal Ugolini, lo que le valió varias denuncias por mal desempeño, incluso de su colega Daniele en un caso donde hizo lugar al pedido de una asociación de abogados católicos para impedir un matrimonio entre personas del mismo sexo. Corti, por su parte, podría ser el que desequilibre la paridad. Entre sus antecedentes, figura el haber ratificado lo actuado por el juez Roberto Gallardo, que impuso una multa y el bloqueo de sus tarjetas de crédito al ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, por incumplir una orden judicial que lo obligaba a enviar ambulancias a la villa 21-24 de Barracas.

Informe: Gabriel Morini.

2013. COMUNICADO DE PRENSA:

LA CÁMARA CONFIRMÓ LA PROHIBICIÓN DEL USO DE LAS TASER POR LA METROPOLITANA

La Sala II  de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad confirmó el fallo de primera instancia que había prohibido el uso de las neopicanas Taser X 26 por parte de la Policía Metropolitana ante una presentación del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH) y que había sido apelado por el gobierno del Ingeniero Mauricio Macri.

Este Observatorio celebra la decisión de la Cámara, considerando que se trata de una medida judicial histórica, por la que el Poder Judicial le pone un coto a la arbitrariedad del Jefe de Gobierno, quien intentó  llevar a cabo la fundación de una fuerza de seguridad al servicio de la represión y la tortura, a contramano de la Historia reciente de nuestro país y de lo receptado por la ley de Seguridad Pública y la Constitución de la Ciudad.

Los camaristas entendieron que “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no debe soslayar, so pretexto del uso de las Taser por parte de ciertos países, los expresos mandatos constitucionales y las recomendaciones efectuadas por los Naciones Unidas y Amnistía Internacional, en cuanto consideran que dichas armas constituyen una forma de tortura que puede causar, en ciertos casos, la muerte de las personas. Razonablemente, cabe inferir que en un estado democrático, aún la mera sospecha de que el empleo de un arma, por parte de las fuerzas de seguridad, pueda derivar en una acción cruel, inhumana y degradante para la condición humana, impone extremar los medios de prueba tendientes a desvirtuarlo.

Asimismo, el fallo se inscribe en el contexto de nuestra historia advirtiendo que “El presente caso, finalmente, debe ser visto a la luz de la compleja historia argentina, uno de cuyos trágicos aspectos ha sido la utilización ilegítima (y extrema) de la violencia por parte del Estado. Dicha circunstancia termina por disipar cualquier duda que pudiera surgir sobre el uso de las armas bajo examen, receptando la visión más restrictiva que surge de los documentos internacionales antes reseñados, que es la más apropiada desde la óptica de los derechos humanos, tal como lo vivenciamos los argentinos como aspecto esencial de nuestra cultura constitucional democrática.”

Cabe recordar que el amparo resaltaba que el Comité Contra la Tortura de la ONU y otros organismos internacionales desaprobaron el uso de las armas tipo Taser, utilizada en más de 40 países, y afirmaba que este tipo de armamento puede lesionar derechos como la vida, la integridad física y la salud de las personas.

Fallo:

http://basefuero.jusbaires.gov.ar/det_act.php?organismo=S02&tipo=EXP&numero=36689&anio=0&cod=TENPRA&numact=181465&anioact=0

Observatorio de Derechos Humanos (ODH)

2015

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-268296-2015-03-17.html

EL PAIS › LA JUSTICIA REVOCO LA PROHIBICION

Vuelven las Taser

La máxima autoridad judicial porteña les dio una nueva oportunidad a las pistolas Taser. El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires (TSJ) revocó una resolución dictada por la Cámara de Apelaciones hace casi dos años y dio así vía libre al gobierno del PRO para comprar esas armas y equipar a la Policía Metropolitana. El Observatorio de Derechos Humanos enmarcó el fallo en el contexto político y evalúa recurrir a la Corte Suprema nacional. “El tribunal está jugando políticamente con este fallo a favor de la candidatura presidencial de Macri”, acusaron desde el organismo.

El TSJ deshizo una resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña, que hace casi dos años había impedido al gobierno porteño comprar cinco pistolas Taser X26. La denuncia, presentada por Carlos Pisoni, subsecretario de Promoción de los Derechos Humanos nacional, en representación del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad, había sido investigada por la jueza Andrea Danas, quien, según publicara este diario en agosto de 2013, señalaba que los órganos de aplicación de la Convención Contra la Tortura aprobada por la ONU y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura habían recomendado a los Estados parte que no utilicen las pistolas Taser, calificadas como un elemento de tortura que potencialmente podía llevar a la muerte.

En diálogo con este diario, desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad manifestaron estar “asombrados” por la sentencia. “Tanto el fallo de primera instancia como el de la Cámara de Apelaciones fueron contundentes en cuanto al derecho de Pisoni a presentar una denuncia como ésta en cuanto a la verosimilitud de la amenaza que representan esas armas para los derechos humanos reconocidos en la Constitución”, detalló Demian Konfino, abogado del organismo, desde el que analizan la nueva decisión judicial como una “jugada política”: “La Policía Metropolitana es uno de los caballos de batalla de Macri en su campaña presidencial. El Supremo Tribunal está jugando políticamente con este fallo”.

Los jueces Luis Lozano, Inés Weinberg, Ana María Conde y José Osvaldo Casás opinaron diametralmente lo contrario de lo fallado con anterioridad, desde la raíz de la cuestión. En su fallo, coincidieron en que “el demandante carecía de un derecho para cuestionar la licitación destinada a la compra de las mencionadas armas”. Desde el Observatorio de Derechos Humanos salieron a criticar ese planteo. “Según la Constitución de la Ciudad, cualquier ciudadano que vea afectado un derecho humano en forma inminente, aunque sea en manera de amenaza, está facultado para pedir a la Justicia un amparo que evite esa cuestión”, explicó Konfino.

En su fallo, los camaristas también apuntaron a la condición de “amenaza” que resaltó el abogado en su análisis. “Los planteos resultaban conjeturales e hipotéticos, dado que las armas no habían sido adquiridas”, entendieron los jueces. “Había quedado claro en las dos instancias previas que se quería evitar un riesgo, se demostraba que era verosímil el peligro del uso de esas armas”, insistió el abogado. Entre las pruebas que habían presentado para sostener la denuncia de Pisoni figuran informes de la fábrica de las Taser, de Amnistía Internacional y de las diferentes fuerzas de seguridad pública –policías, Gendarmería– en los que “se reconoce que esas pistolas pueden provocar la muerte”.

Por último, Lozano apuntó en su exposición escrita a lo relativo a los tratados internacionales en torno de los derechos humanos: para él, el planteo de la actora “parte de suponer que la Ciudad no va a tener en cuenta, en el caso de que decidiera dotar a su personal policial del arma Taser, las recomendaciones del Comité contra la Tortura; dicho en otras palabras, la Cámara presupone que la Ciudad no va a generar, por ejemplo, los protocolos del uso del arma que nos ocupa o que esos protocolos no van a tener en cuenta las recomendaciones del comité”.

CONFERENCIA DE PRENSA

Jueves 9 de abril, 9 hs.
Sala de Prensa de UTE, Bartolomé Mitre 1984 PB.

El ODH informará las medidas que tomará ante el fallo del Tribunal Superior de Justicia que autorizó el uso de las pistolas eléctricas TASER en la Ciudad

Este jueves anunciaremos las medidas judiciales que llevaremos adelante con respecto al fallo del TJS del que recientemente fuimos notificados.
Nos acompañarán el Defensor General de la Ciudad, Dr. Horacio Corti; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), UTE – CTERA, H.I.J.O.S. Capital, APDH, Comunidad Homosexual Argentina (CHA), ATE (Germán Abdala), Comité de Salud, Ética y Derechos Humanos (CODESEDH), entre otras organizaciones sociales y de derechos humanos.

La acción fue iniciada en 2010 por este Observatorio, mediante un amparo presentado con la firma de Carlos Pisoni contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que “se impida la utilización de las armas denominadas no letales Taser X26, por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno local, por consistir las mismas un elemento de tortura”. Esta medida logró dos fallos judiciales favorables: en primera y segunda instancia. Hace dos semanas un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño revocó la resolución que impedía su uso y autorizó a equipar a la Policía Metropolitana con las mismas.

El Comité Contra la Tortura de la ONU y otros organismos internacionales desaprobaron el uso de las armas tipo Taser, afirmando que este tipo de armas lesiona derechos como la vida, la integridad física y la salud de las personas. La propia Policía Metropolitana reconoce la lesión a la integridad física y a la salud que provoca el arma. Diferentes fuerzas nacionales de seguridad recomiendan la no utilización o informan que no poseen esta arma; entre otras pruebas contundentes.

Una vez más, advertimos el peligro de que la Policía Metropolitana pueda utilizar estas armas. El Poder Judicial avala al Jefe de Gobierno a dotar a su fuerza de seguridad con un arma de electrochoque que ha sido repudiada y cuestionada por organizaciones de todo el mundo.

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas dictaminó que la aplicación de este tipo de arma contra las personas constituye una forma de tortura, ya que dichas pistolas eléctricas provocan un dolor extremo y en algunos casos pueden provocar la muerte.

Desde el ODH llegaremos a todas las instancias que correspondan. No vamos retroceder en nuestra historia y permitir que nuestras policías tengan permiso legal para torturar.

CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE LAS TASER
Miércoles 18 de noviembre, 8:30hs.
Ministerio Público de la Defensa – México 890 – CABA
  Este miércoles se presentan los amicus curiae sobre la cuestión de las pistolas eléctricas Taser que debe decidir la Corte Suprema de Justicia. 
La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE – CTERA), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Agrupación H.I.J.O.S., Amnistía Internacional, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), APDH, Comunidad Homosexual Argentina (CHA), ATE, Abuelas de Plaza de Mayo, Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH), Asociación Americana de Juristas, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad entre otros organismos de DDHH se presentarán como amicus curiae. 
El ODH había interpuesto un recurso de queja para evitar que la Metropolitana use las pistolas Taser X26, con el patrocinio de la Defensa Pública de la Ciudad de Buenos Aires. A esto se suman diversos amicus curiae que presentarán información y argumentos sobre el tema.
Este Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) -junto con el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad- interpuso un recurso de Queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA que permitió al Gobierno de la Ciudad equipar a la Policía Metropolitana con neopicanas Taser X26.
Desde el ODH y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad alertamos sobre el peligro que puede significar el uso de las taser. Es por eso que en 2010 interpusimos la acción de amparo para evitar que la Policía Metropolitana usara las neopicanas Taser: Denunciamos -y probamos- que las armas Taser X26 son un elemento de tortura y que en diversos casos -de imposible previsión- causan la muerte de las personas.
Desde 2010, fueron 3 sentencias, de 2 instancias diferentes, las que le dieron la razón a nuestro planteo. Recién este año, en un fallo de alto contenido político, el Tribunal Superior de la Ciudad falló a favor del Gobierno de la Ciudad, permitiendo a su policía salir con elementos de tortura a la calle.
Desde el Observatorio sostenemos que es tan violatorio del derecho a la integridad física, la tortura mediante el uso de picana en un sótano de una comisaría, como lo es la descarga eléctrica provocada por una moderna Taser X26 en una manifestación. LasTaser son un elemento de tortura por el intenso dolor que generan, hecho corroborado por el Comité contra la Tortura de la ONU y por Amnistía Internacional.
Es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que debe poner un freno a la violación de los Derechos Humanos. Es la misma Corte, la que -en palabras de su presidente- dijo que los juicios por delitos de Lesa Humanidad son política de Estado. Es esta Corte la que debe ser clara y despejar todo atisbo de dudas dando lugar al recurso de queja que presentamos. La Argentina no puede permitir que se vuelvan a utilizar las picanas eléctricas en la Argentina. Por eso, esperamos que la Corte revoque el fallo del TSJ y prohíba la utilización de la Taser X26 por parte de la Policía Metropolitana.
Picanas, ¡Nunca Más!  
2016  
EL ODH DENUNCIA ANTE LA CIDH POR LAS TASER  

El Observatorio de DDHH de la Ciudad de Buenos Aires junto con organismos de DDHH y sindicatos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la República Argentina por la violación de derechos fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y en especial se viola el deber del Estado de prevenir la tortura, mientras no se prohíba la utilización de las Armas tipo Taser X26.
La petición ha sido presentada con el acompañamiento de gran cantidad de instituciones y organizaciones de derechos humanos, tales como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – SERPAJ, Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO, APDH, H.I.J.O.S., Myriam Bregman, Presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), Eduardo López, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Daniel Adolfo Catalano, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la CABA, Pedro Aníbal Paradiso Sottille, por Comunidad Homosexual Argentina (CHA), Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH), entre otras agrupaciones y personalidades.
Los cuestionamientos por parte del Observatorio del Derechos Humanos a la utilización de las armas eléctricas Taser en nuestro país, comenzó en el año 2010 cuando junto con Carlos Pisoni, de la Organización HIJOS y el Observatorio de Derechos Humanos, iniciamos una acción de amparo ya que la Ciudad de BuenosbAires había decidido  comprar este tipo de armamento para equipar a la Policía Metropolitana.
En el amparo se demostraba que las Taser implicaban un elemento de tortura y se denunciaba la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial. Ponía en evidencia la “letalidad” de esas armas que ya provocaron varias muertes de personas que padecían diversas afecciones, como enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso niños y mujeres embarazadas.
Allí se señaló que organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional alertaban sobre su uso y exhortaban a los distintos Estados a discontinuar con el equipamiento de las Fuerzas de Seguridad con estas armas, en tanto consisten en “elementos de tortura”.
En consecuencia, tanto la Jueza de primera instancia Dra. Andrea Danas como la Sala II de la Cámara en lo Contencioso y Tributario de la Ciudad consideraron que correspondía hacer lugar al amparo y pusieron énfasis en la importancia de prevenir la tortura, – agregando en particular la Cámara que la historia reciente de nuestro país en relación a la utilización de “ilegítima violencia (y extrema) por parte del Estado” exigía efectuar una visión más restrictiva conforme documentos internacionales sobre el uso de las Taser X26, siendo lo apropiado desde la óptica de los derechos humanos.
No obstante, en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revocó el pronunciamiento de la Sala II y decidió rechazar el amparo por cuestiones estrictamente de índole procesal.
Esta decisión fue recurrida por este Observatorio de Derechos Humanos ante la CSJN, quien en línea con el fallo del Tribunal Superior de la Ciudad, también rechazó formalmente el recurso interpuesto.
Luego del fallo de la CSJN, que cierra la posibilidad de seguir la discusión en el ámbito nacional, hemos decidido presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana para que conozca esta situación que entendemos configura una clara violación al deber por parte del Estado Argentino de prevenir la tortura.
Resulta reprochable que una jurisdicción de nuestro país como la Ciudad de Buenos Aires adopte la decisión de equipar a la policía local con elementos de esta índole. Además, la República Argentina, al rechazar la Corte Suprema de Justicia el amparo, incurre nuevamente en una transgresión a normas internacionales en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos.
Justamente aquello que se pone en conocimiento de la Comisión es que la República Argentina debe tomar medidas efectivas para evitar todo tipo de trato, pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad, que en este caso debieron consistir en medidas ejecutivas pero también judiciales.
De esa manera, esperamos que la Comisión Interamericana adopte la resolución adecuada del caso y obligue a nuestro país a prohibir la utilización de las neopicanas Taser por parte de las fuerzas de seguridad locales.
  Buenos Aires, 28 de septiembre de 2016
  PROPUESTA DEL ODH PARA LA NUEVA LEY DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD


En la Legislatura porteña se está discutiendo un proyecto de ley para crear una nueva policía de la Ciudad de Buenos Aires. El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires solicita a los legisladores que incluyan en la normativa la obligación obedecer al Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego. También solicita que establezca que en ningún caso podrán utilizarse armas o equipamientos cuestionados por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, o cualquier otro Comité de esa Organización Internacional.
El cuestionamiento del Observatorio del Derechos Humanos a la utilización de las pistolas eléctricas Taser en nuestro país, comenzó en 2010 cuando, junto a la Organización HIJOS, se inició una acción de amparo ante el hecho de que la Ciudad de Buenos Aires decidiera comprar estas armas para equipar a la Policía Metropolitana.
En el amparo se demostró que las Taser implican un elemento de tortura y se denunció la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial que evidencian la “letalidad” de esas armas. Ya han provocado la muerte de muchas personas que padecían enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso niños y mujeres embarazadas.
 
Nuestra propuesta es que el nuevo articulado incluya: 
Art.- La actuación del personal policial se determina de acuerdo a la plena vigencia de:
El principio de legalidad, por medio del cual el personal policial debe adecuar sus conductas y prácticas a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes así como a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la República, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego. En ningún caso podrán utilizarse armas o equipamientos cuestionados por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, o cualquier otro Comité de esa Organización Internacional.   
El Estado argentino debe tomar medidas efectivas para evitar todo tipo de maltrato, pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad. En este caso, esa obligación debe consistir en que los legisladores de la ciudad voten que la nueva policía esté impedida de usar este tipo de armas.
Éste es el pedido del ODH a todos los legisladores de la Ciudad.

2017

Buenos Aires, 7 de febrero de 2017
  El Gobierno de la Ciudad abrió una licitación pública para comprar nuevos armamentos antidisturbios. En el Boletín Oficial salieron publicadas licitaciones para “Adquisición de armas específicas para operaciones especiales” y “Adquisición de equipamiento antidisturbio”. Allí especifican que comprarán: 100 carabinas, 60 mil municiones, fusiles de asalto, fusiles de precisión, fusiles semiautomáticos, pistolas semiautomáticas, 1600 cascos, escudos, protectores de pie, chalecos tácticos, entre otros elementos. Lo que más preocupa es la compra de 200 “lanzadores less lethal weapon”. En el detalle técnico dice: Calibre .68 para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos, sistema de aire comprimido, sistema de alimentación por cargador removible, 50 metros de alcance efectivo, alcance máximo de 100 metros, munición frangible estabilizada y sistema de mira holográfica graduada. El ODH (Observatorio de DDHH de la Ciudad) observa con especial atención la compra de estas armas, conociendo el antecedente de intento de uso de armas eléctricas Taser por parte de la Policía Metropolitana y las recomendaciones que en esa oportunidad hizo el Comité de Seguridad. El ODH presentó un pedido de informe ante el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad consultando sobre el uso específico para el cual están destinadas, qué grupo dentro de la fuerza las utilizará; cuál es el plan de actuaciones al que está sujeta la compra de estas armas, acordes a la Constitución de la Ciudad y los Principios básicos sobre el empleo de armas de fuego de la ONU (Ley 5.688). Se solicita información al GCBA acerca de las consultas previas a organismos de control y seguimiento de la implementación de la Ley de Seguridad integral de la CABA. Las protestas sociales vienen en aumento en nuestro país. Y desde el cambio de gestión del Ejecutivo Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, la represión policial también. Mientras tanto, en distintas partes del mundo cada vez más se responde a las protestas sociales con armas “menos letales”. La proliferación de estas armas sin las correspondientes regulación, capacitación, supervisión y/o responsabilidad de quienes deben portarlas ha conducido a un uso generalizado y rutinario, y en muchos casos también indebido, que ocasiona lesiones serias, discapacidad e incluso muerte. La Red Internacional de Organizaciones por los Derechos Civiles (INCLO) y Physicians for Human Rights (PHR) han realizado una investigación pormenorizada de estas armas y sus consecuencias en la salud, poco conocidas hasta ahora. El uso indebido de las armas “menos letales” y las preocupaciones que esto genera en materia de derechos humanos son resultado de un conjunto de factores, entre los cuales se destacan: ausencia de normas o procedimientos internacionales acerca de su uso; insuficientes instancias de evaluación, capacitación y procedimientos; una industria que crece aceleradamente; y falta de responsabilidad y rendición de cuentas por parte de quienes deben portarlas. Desde 2010, el ODH y la Agrupación HIJOS se opusieron al uso de las pistolas eléctricas Taser por parte de las fuerzas de seguridad de la Ciudad. Tanto el Comité contra la Tortura de la ONU como Amnistía Internacional, entro otros organismos, reconocen a las pistolas Taser como elementos de tortura. Luego de la Corte Suprema de Justicia cerrara la discusión a nivel nacional (2015), el ODH presentó ante la CIDH (Comisión Interamericana de DDHH). Esperamos que las “nuevas” Fuerzas de Seguridad de la ciudad conozcan y respeten los principios básicos sobre el empleo de fuerza y armas.  

Buenos Aires, 3 de abril de 2017
  LA CIDH ANALIZARÁ LA DENUNCIA DEL ODH CONTRA EL USO DE LAS TASER  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó analizar la denuncia del Observatorio de DDHH de la Ciudad (ODH) presentado en agosto del 2016El ODH había denunciado a la República Argentina por la violación de derechos fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y la violación del deber del Estado de prevenir la tortura, mientras no se prohíba la utilización de las Armas tipo Taser X26.
La petición había sido presentada con el acompañamiento de gran cantidad de instituciones y organizaciones de derechos humanos, tales como Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – SERPAJ, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO, APDH, HIJOS, Myriam Bregman (CEPRODH), Eduardo López (UTE), Daniel Adolfo Catalano (ATE), Pedro Aníbal Paradiso Sottille, (CHA), entre otras agrupaciones y personalidades.

La CIDH acaba de notificar que «La denuncia ha sido registrada bajo el número P-1712-16 Adolfo Pérez Esquivel y otros (…) La denuncia se encuentra bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes», mediante una carta con la firma del secretario ejecutivo del Tribunal, Paulo Abrão.  

Los cuestionamientos a las armas eléctricas Taser en nuestro país, comenzó en 2010 cuando desde el ODH junto con la Agrupación H.I.J.O.S. iniciamos una acción de amparo al enterarnos que la Ciudad de Buenos Aires había decidido comprar este tipo de armamento para la Policía Metropolitana.
En el amparo se demostraba que las Taser implicaban un elemento de tortura y se denunciaba la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial. Ponía en evidencia la “letalidad” de esas armas que ya provocaron varias muertes de personas que padecían diversas afecciones, como enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso niños y mujeres embarazadas.
Allí se señaló que organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional alertaban sobre su uso y exhortaban a los distintos Estados a discontinuar con el equipamiento de las Fuerzas de Seguridad con estas armas, en tanto consisten en “elementos de tortura”.
Logramos dos fallos favorables en primera y segunda instancia. Sin embargo, en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad decidió rechazar el amparo por cuestiones estrictamente de índole procesal.
Esta decisión fue recurrida por este Observatorio de Derechos Humanos ante la CSJN. En  marzo de 2016 los jueces supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda decidieron no analizar el caso, lo declararon «inadmisible» y autorizaron a los policías metropolitanos a salir a la calles con las pistolas eléctricas en la cintura.
Agotadas las instancias en el ámbito nacional, el ODH decidió presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana por que se considera que configura una clara violación al deber por parte del Estado Argentino de prevenir la tortura.

De esa manera, esperamos que la Comisión Interamericana adopte la resolución adecuada del caso y obligue a nuestro país a prohibir la utilización de las neopicanas Taser por parte de las fuerzas de seguridad locales.

Ayer mismo se conoció que el Poder Ejecutivo pretende proveer con Taser a la «fuerza de paz» que la Argentina comparte con Chile llamada «Cruz del Sur». El programa periodístico Economía Política dentro del pedido de equipamiento solicitado por el país a Estados Unidos también se incluían unas 20 pistolas de electrochoque de 50.000 voltios, consideradas por Naciones Unidas como un «arma de tortura».  

2018

Ciudad de Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018
  El secretario de Seguridad porteño insiste en el uso de lasTASER, desconociendo que la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) está analizando la legalidad de su uso. 

En el medio de la discusión sobre el Nuevo Protocolo de Seguridad propuesto por la Ministra Patricia Bullrich, los funcionarios de la ciudad analizan adherir a esta nueva normativa implementando el uso de pistolas Taser.
Marcelo D´Alessandro, secretario de seguridad porteño, sugiere “protocolizar el uso de armas no letales, como las Taser” para sumarse al protocolo nacional que les da más poder a los agentes para el uso de armas.

Desde el Observatorio de DDHHH de la Ciudad (ODH) reclamamos nuevamente que se prohíba el uso de armas eléctricas porque esto va en contra de los derechos fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y viola el deber del Estado de prevenir la tortura.

Nuestros cuestionamientos a la utilización de las Taser comenzaron en el año 2010 cuando junto con Carlos Pisoni, de la Organización HIJOS y el ODH iniciamos una acción de amparo para frenar su uso. En el amparo se demostró que las Taserimplican un elemento de tortura y se recordó la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial. Luego de las presentaciones en la Suprema Corte porteña y en la Corte Suprema de Justicia Nacional, llegamos a la Corte Interamericana de DDHH para su análisis.

La petición internacional fue presentada con el acompañamiento de gran cantidad de instituciones y organizaciones de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – SERPAJ, Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO, APDH, H.I.J.O.S. Capital, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), entre otras agrupaciones y personalidades.
Hasta tanto se logre el pronunciamiento de la CIDH, los tres poderes del Estado Argentino deben tomar las medidas efectivas para evitar todo tipo de violación de derechos, abuso, maltrato o pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad.

Ante la escalada represiva por parte del gobierno nacional y de la ciudad, el ODH advierte que ninguna ideología puede fundamentar válidamente el incumplimiento de la Constitución y las leyes.
Provincia: https://www.clarin.com/politica/provincia-compro-pistolas-taser-usara-toma-rehenes_0_tngD6vO9q.html Tras el anuncio de Ciudad, la Provincia también compró pistolas Taser y las usará en toma de rehenes

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, dijo que las armas estarán en poder del Grupo Halcón. El funcionario provincial remarcó que se adquirió «una pequeña cantidad» y que los efectivos del Grupo Halcón «ya están capacitándose en el uso para, exclusivamente, los casos de tomas de rehenes». «En la Provincia volvimos a sumar la tonfa (el bastón policial), para lo cual hicimos una capacitación todo el año pasado», indicó Ritondo, y remarcó que el objetivo es que la Policía se «re-entrene» en estas prácticas. El uso de pistolas Taser por parte de las fuerzas federales fue anunciado semanas atrás por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en tanto que el martes el Gobierno de la Ciudad aseguró que a partir de marzo se utilizarán para combatir la ola de delitos en las estaciones de subte.
Fuente Télam

Nación: https://www.clarin.com/politica/gobierno-comprara-300-pistolas-taser-usar-trenes-aeropuertos_0_-oLdWx5L6.html
Armas eléctricas
El Gobierno comprará 300 pistolas Taser para usarlas en estaciones de trenes y aeropuertos. Bullrich consiguió el aval de Macri en el inicio del año electoral. Las adquirirán por licitación y en una segunda etapa planean llevarlas a otros espacio públicos. Cuestan unos US$ 3.000 cada una. Lejos de cualquier prurito por tratarse de un año electoral, el Gobierno quiere poner sobre la mesa de discusión la lucha contra la inseguridad. Y en el arranque de 2019 decidió a avanzar en un tema que generó controversia en el pasado: el uso de las pistolas Taser. Según confirmaron altas fuentes oficiales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya trabaja en la implementación de las Taser. “En una primera instancia, se utilizarán en aeropuertos y en los trenes. La idea es hacerlo en lugares de aglomeración donde sólo se puede recurrir al uso de las armas letales en última instancia”, explicaron a Clarín. Pero no descartan que en el futuro, si se obtienen buenos resultados, se utilicen en otros espacios públicos. «Paso a paso», deslizan. La decisión, luego de meses de estudio, cuenta con el aval de Macri, que ya había planteado como jefe de Gobierno porteño su intención de poner este tipo de armas para la Policía Metropolitana, lo que generó duros cuestionamientos del por entonces gobierno de Cristina Kirchner y de organismos de Derechos Humanos. Argumentaban que esa arma no letal podía utilizarse para torturar, por el efecto de las descargas eléctricas. La disputa, con ribetes más ideológicos que fácticos, se judicializó durante varios años, hasta que en 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya con Macri como Presidente, dejó firme un fallo que avalaba la implementación de las denominadas “Taser X 26”. Envalentonada por los altos niveles de imagen positiva y de gestión que cosechó durante 2018, y tras superar las críticas por la implementación del protocolo de uso de armas de fuego que redactó para las Fuerzas federales, Bullrich ahora se apresta a generar un «cambio de paradigma» respecto a este tipo de armas. Cree que puede demostrar, al igual que con otras iniciativas que propuso en su área, que es una herramienta válida para disuadir focos de violenciay conflicto en lugares de alta concurrencia. Luego de la experiencia con el caso del policía Luis Chocobar, en el que inicialmente la Justicia lo procesó por haber matado a un delincuente que escapaba luego de asaltar y acuchillar a un turista; el Gobierno quiere evitarse cuestionamientos de los jueces hacia los efectivos que usen las Taser. Por eso ningún efectivo usará una Taser al mismo tiempo que un arma de fuego. “¿Qué pasa si un juez le dice a un efectivo ‘¿por qué utilizó el arma de fuego y no la Taser?’ Mientras los jueces no se adecuen y sigan responsabilizando de todo a los policías, preferimos que quienes usen las Taser no lleven armas de fuego», fue el planteo que se hizo puertas adentro del Gobierno cuando se comenzó a estudiar la posibilidad. ¿Cómo funciona esta pistola? Inmoviliza de forma instantánea a quien recibe la descarga, que genera múltiples contracciones musculares por segundo. Tiene un alcance de hasta 8 metros y, para evitar daños físicos en quien recibe la descarga, los especialistas aconsejan evitar la zona de los ojos. Así, con el visto bueno de Macri, Bullrich instruyó a sus funcionarios a que evalúen los costos y la cantidad de armas que necesitará para cubrir con esta primera etapa de implementación. Según cálculos que hacen en Seguridad, requeriría no más de 300 taser. Cada pistola, estiman, cuesta unos 3.000 dólares. Pero a eso se deberán sumar los costos en la capacitación del personal, de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que puede duplicar el costo de la inversión inicial, que en forma global orillaría los 3 millones de dólares. Bullrich no necesitará pedirle al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, una partida adicional, ya que podría arreglarse con parte del presupuesto asignado para 2019. Por eso, sin otro obstáculo, en las próximas semanas avanzará en la compra a través de una licitación. En América, además de Estados Unidos, otros países ya utilizan las Taser desde hace muchos años: Brasil, principalmente, Colombia y México. Ahora se sumará Argentina. En rigor, Nación no será pionera de la utilización de las Taser en el país: la provincia de Buenos Aires, el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, ya había dispuesto la compra de una tanda de pistolas destinadas al Grupo Halcón y otros grupos de especiales. A diferencia de otros años, en los que buscaba desmontar la imagen “dura” de Macri, en el Gobierno admiten sentirse cómodos al discutir iniciativas para el combate del delito. “Si enfrente va a estar el kirchnerismo, que durante 12 años se la pasó defendiendo a los delincuentes y utilizó relatos de Derechos Humanos para frenar nuestras propuestas, bienvenida sea la polémica”, se entusiasman.

Ciudad: https://www.lanacion.com.ar/2211196-la-policia-ciudad-comenzara-utilizar-pistolas-taser

La Policía de la Ciudad comenzará a utilizar pistolas Taser en el subte desde marzo en paralelo a la iniciativa del Gobierno Nacional, el Gobierno porteño anunció que desde marzo los policías de la Ciudad que custodien las estaciones de subte utilizaran pistolas electrónicas Taser. Así se lo confirmaron a LA NACION fuentes del ministerio de Seguridad porteño. La decisión fue tomada en el medio de la polémica que desató la iniciativa de la cartera nacional que conduce Patricia Bullrich . Según se informó, hace poco comenzaron las tareas de capacitación al interior de la fuerza y en paralelo se realiza un estudio sobre los horarios más indicados para llevar adelante la iniciativa. Se estima que se implementará en marzo. Hace once días se conoció que el Gobierno nacional avanzaba en la compra de cerca de 300 pistolas electrónicas para que las fuerzas de seguridad las utilicen en aeropuertos y trenes. En ese momento, Bullrich había indicado que «la decisión está tomada» y que su cartera analizaba «la posibilidad de una licitación». Asimismo, la ministra había detallado que se trataba de «un arma muy usada porque es un arma intermedio no letal e individual, que es fácil de portar». «En los trenes, muchas veces va gente parada y el policía no tiene posibilidad de salir rápido si hay una agresión. Tiene que andar entre la gente y, en ese caso, el uso de un arma común es más complicado que una de carácter intermedio», dijo. «En el caso de los aeropuertos, no es para afuera, pero sí adentro, donde la policía recorre y está en medio de un montón de gente donde se pueden producir situaciones de cierta violencia y necesita actuar, y el arma común es compleja para lugares de este tipo», indicó Bullrich.
https://www.pagina12.com.ar/166384-el-gobierno-suma-las-taser-en-la-campana

2020

El 30 de diciembre la CIDH reiteró el pedido al Estado argentino para que realice observaciones y comentarios al respecto de la denuncia presentada ante esa instancia en 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri.

2021

El 17 de mayo mantuvimos una reunión con Andrea Pochak, Subsecretaria de Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por la falta de respuesta del Estado argentino a la CIDH.