Conocer la verdad requiere el acceso a los archivos.
Como organismos de derechos humanos, queremos expresar nuestro rechazo al desmantelamiento del Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas, creado por la resolución ministerial 308/2010, que establece, además, el acceso irrestricto a las dependencias donde están los archivos de cada Fuerza. Estos equipos realizaron aportes fundamentales para esclarecer y juzgar delitos de lesa humanidad. La decisión del Ministerio de Defensa busca obstaculizar el proceso de justicia y de averiguación de la verdad. Retirar estos equipos civiles y profesionales resulta aún más preocupante dado que la conducción del Ministerio de Defensa está ahora en gran parte a cargo de militares retirados y las máximas autoridades políticas consideran que la investigación del rol de las Fuerzas Armadas durante la dictadura es una forma de hostigamiento y estigmatización.
Mientras cierra un área que ha aportado a la reconstrucción de la verdad, el Gobierno nacional cuestiona la caracterización que los organismos de derechos humanos, la Conadep, el Poder Judicial y otros gobiernos han construido rigurosamente desde tiempos de la dictadura y sostenido luego en democracia. ¿Dónde están los desaparecidos, qué hicieron con ellos?; ¿dónde están los 300 nietos y nietas que aún buscamos? La verdad que todavía nos falta depende en gran parte del acceso a los archivos y documentos: es urgente que se tomen medidas de preservación de esa documentación para sostener el trabajo en materia de memoria, verdad y justicia.
El vaciamiento de este equipo se da en medio de una ola de despidos masivos en el Estado. Miles de trabajadores y trabajadoras, junto a sus familias, se quedan sin ingresos. Como en otras áreas, en este caso del equipo de archivistas del Ministerio de Defensa, los despidos implican además la pérdida de recursos técnicos y conocimientos valiosos, y ponen en riesgo políticas públicas centrales para el acceso a derechos.
Seguiremos exigiendo el acceso a los archivos y la defensa de las políticas públicas que garantizan los procesos de memoria verdad y Justicia y los derechos humanos.
Abuelas de Plaza de Mayo – CELS – H.I.J.O.S. Capital
