Desde H.I.J.O.S. (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) hemos adherido al pedido realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, ante la Cámara Federal de Casación Penal para que arbitre las medidas a su alcance tendientes a garantizar la continuidad de los juicios a genocidas, en el marco de las limitaciones actuales, producto de las disposiciones preventivas vigentes ante la pandemia por el coronavirus en Argentina.
Como organismo de derechos humanos con querellas en distintos juicios del país, hemos solicitado a la Presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ángela Ledesma, que, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, Casación arbitre los medios a su alcance para evitar que la excepcional situación que transitamos se traduzca en impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad. En este sentido, pedimos que se revise cada debate en etapa oral y pública para analizar la reanudación, en acuerdo con las partes.
También hemos señalado que durante el aislamiento, el mismo Poder Judicial que, salvo excepciones, no reanuda los juicios, sí ha seguido funcionando para otorgar beneficios a genocidas como la excarcelación o el arresto domiciliario. Mientras sobrevivientes, familiares y testigos vemos que los juicios están interrumpidos, estos beneficios siguen dañando a quienes necesitamos justicia.
Recibimos la respuesta de la Cámara de Casación, que a raíz de lo solicitado recomendó a los tribunales federales la reanudación de los juicios que puedan desarrollarse de manera remota. Exigimos a los tribunales que actúen en consecuencia, así como el dictado de los protocolos necesarios por parte de la Cámara de Casación, y la convocatoria urgente de la Comisión Interpoderes para coordinar la continuidad de los juicios en esta coyuntura de manera eficaz y cuidadosa de las víctimas y familiares.
Antes de la pandemia, salvo excepciones, los juicios a genocidas tenían problemas para su funcionamiento, situación que hemos expuesto reiteradas veces ante el Poder Judicial. Ahora pedimos que en el marco de las posibilidades existentes, se reanuden y avancen porque es una obligación de ese Poder, porque es un reclamo del pueblo, y porque es un derecho para las víctimas y familiares.
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