El Tribunal Supremo de Brasil se niega a dar curso a la solicitud de la justicia argentina.
Ante la negativa del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil a la solicitud del Estado argentino de extradición de Roberto Oscar González, imputado por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante la última dictadura cívico-militar, desde Abuelas de Plaza de Mayo hemos pedido la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En una nota elaborada entre Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S. Capital, y el nieto restituido Jorge Castro Rubel –víctima de los hechos investigados–, solicitamos de manera urgente a la Cancillería que requiera a la Procuración General del vecino país recurrir la decisión y agotar toda instancia del proceso ante el máximo tribunal.
Asimismo, solicitamos que el Estado evalúe la posibilidad de presentar un recurso en forma directa al STF para lograr la extradición y el seguimiento del caso para que González pueda ser investigado, juzgado y sancionado en nuestro país por violaciones a los derechos humanos.
González se encuentra imputado en la causa ESMA, cuya investigación está a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 12 de la ciudad de Buenos Aires. Ex oficial de la Policía Federal e integrante de uno de los grupos de tareas de la ESMA, se lo acusa de secuestros, torturas y asesinatos, entre ellos el de Rodolfo Walsh. Hace 15 años que se ordenó su captura.
Además, está imputado por la apropiación y sustitución de identidad de Jorge Castro Rubel, nacido durante el cautiverio de su madre en la ESMA en junio de 1977. González llevó al bebé al Hospital Pedro Elizalde, donde fue entregado a quienes durante 37 años lo retuvieron y ocultaron de su familia biológica que nunca dejó de buscarlo. Jorge recuperó su historia en diciembre de 2014.
En un fallo unánime, los jueces del STF han aplicado la ley de amnistía de Brasil a crímenes cometidos en nuestro país, han considerado prescriptos delitos de lesa humanidad y han omitido analizar los hechos de los que fue víctima Jorge Castro Rubel. Esto resulta inexplicable e inadmisible, puesto que tres ministros del tribunal modificaron –sin argumentos– sus votos que, en procesos anteriores, permitieron la extradición de imputados por hechos idénticos, como la de Gonzalo “Chispa” Sánchez, otro de los secuestradores de Walsh.
Por todas las vías que corresponda, la Cancillería argentina debe exigir la inmediata revisión del caso para que se ajuste al Tratado Bilateral de Extradición entre ambos países, e impedir así que quede firme una decisión que consagra la impunidad de delitos de lesa humanidad y que podría afectar negativamente las relaciones diplomáticas.
